Con el objetivo de proteger a la población ante la próxima temporada de lluvias, el alcalde de Nuevo Chimbote, Walter Soto Campos, lideró hoy una mesa técnica con representantes de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), con presencia de la Defensoría del Pueblo. Dicha reunión dio continuidad a los compromisos asumidos el pasado 27 de agosto y permitió evaluar los avances del proyecto de defensa ribereña, una obra prioritaria para prevenir desbordes y resguardar a miles de familias.
En la reunión participaron dirigentes de los pueblos jóvenes Villa María y Tres de Octubre, el representante del Frente de Defensa de Nuevo Chimbote y un dirigente del Sindicato de Construcción Civil.
El director de Intervenciones Multisectoriales y de Emergencia de la ANIN, Jorge Campos Valle, informó que se transfirieron recursos del fondo de garantía al contratista para priorizar el pago a trabajadores. Asimismo, indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se comprometió a entregar, en las primeras semanas de octubre, recursos provenientes de saldos presupuestales para atender la demanda adicional de la ANIN y así retomar los trabajos en el río Lacramarca, que registran un avance del 87 %.
En la sesión, además, se designó al alcalde Walter Soto como presidente de una comisión interinstitucional que supervisará el cumplimiento de los acuerdos. “No podemos esperar a que las lluvias nos sorprendan sin contar con las garantías necesarias. Nuestra población merece seguridad y soluciones inmediatas”, expresó el burgomaestre.
Como parte de los acuerdos, la ANIN se comprometió a difundir entre los dirigentes vecinales el plan de contingencia y prevención de riesgos del proyecto, y que continuará gestionando ante el MEF el financiamiento específico para la ejecución de la obra.
Además, se estableció que la limpieza del cauce del río en los puentes Pardo y Meiggs, tanto aguas arriba como aguas abajo, será prioritaria en el reinicio de las actividades. Por su parte, la contratista OHLA acordó exigir a sus subcontratistas la presentación de evidencias sobre el pago íntegro de remuneraciones y liquidaciones a los trabajadores.
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